El alquiler de vientres llega a la Suprema Corte de Justicia en México

Se trata de los denominados vientres subrogados… el estado de Tabasco fue durante 18 años el lugar para las personas que no podían o no deseaban tener un hijo en su propio vientre, desde que en 1998 el entonces gobernador Roberto Madrazo envió una iniciativa de ley al Congreso Local para autorizar la maternidad subrogada y la mayoría dijo sí.

Así, Tabasco se convirtió en la primera entidad del país y la única hasta el momento en permitir esta práctica en la que una mujer alquila su vientre con tres opciones: 1) la pareja arrendadora aporta el material genético, 2) ella misma aporta el óvulo y 3) el padre interesado dona el esperma o todo proviene de terceros.



La Ley pasó a la práctica con la reglamentación mínima y aunque dejaba claro que las madres subrogadas o portadoras sólo podrían hacerlo por altruismo, el alquiler de vientres se volvió un negocio ideal para el mercado negro entre la falta de normatividad, la pobreza y el afán de lucro con poco esfuerzo.

Esto ha dado como resultado que hoy se tenga aproximadamente 15 bebés que no han sido registrados en el estado de Tabasco, esto ante la negativa del Gobierno para emitir sus actas de nacimiento pues fueron gestados en vientres de alquiler durante 2015 y nacieron tras la entrada en vigor de las reformas al Código Civil.

Y es que, hasta enero del año pasado, el estado de Tabasco contemplaba en su Código Civil la gestación subrogada para parejas mexicanas, así como para extranjeros, sin embargo, tras una reforma a la Ley, dicha práctica quedó permitida solamente para los nacionales.

Esto ha provocado que quienes contrataron un vientre acudan ante la justicia Federal mediante una demanda de amparo para, de esta forma, obtener el registro de los menores nacidos mediante gestación subrogada, ya que los niños están quedando desprotegidos.

Actualmente se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República que impugna la reforma al Código Tabasqueño.

El recurso judicial, que entró en febrero pasado y se prevé se discuta en las próximas semanas, pide la declaración de invalidez de las normas que establecen los requisitos para el otorgamiento de células germinales y que denuncian una comisión legislativa por no establecer un criterio económico en el contrato de gestación, está a cargo de la ponencia de la ministra Norma Piña.

Mientras todo esto ha pasado, se han presentado casos donde por poco se pierde la vida, infección de VIH y empresas ofrecen hasta 13 mil 500 dólares por la renta de vientres.

Fuentes: Excelsior , Laopinion

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